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Derecho y Autoridad

Derechos y Autoridad

Antecedentes

Desde que en 1215 el Rey Juan I de Inglaterra sancionó la Carta Magna que limitó las prerrogativas del Rey y aseguró los derechos de la aristocracia frente al poder real, hasta el presente, donde las constituciones de los Estados garantizan la autoridad de los gobernantes y los derechos de los gobernados, la lucha entre autoridad y derechos ha definido el tipo de sociedad que se ha dado cada pueblo, o le ha sido impuesta.

Con el paso del tiempo los filósofos han ajustado los mecanismos de distribución de la autoridad mientras los políticos y grupos de poder los han utilizado, interpretado y abusado de ellos caprichosamente, acercando los principios de la autoridad a sus propios intereses.

Fue el francés Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, con El espíritu de las leyes, quien definió  la forma que debía adoptar el gobierno y de ahí el uso de la autoridad derivada de los poderes otorgados por los electores.

La tripartición de poderes fue bien acogida por todos los países europeos incluyendo por supuesto a Inglaterra con su monarquía constitucional, solo en Francia no se vio con buenos ojos la publicación de El espíritu de las leyes. Sin embargo, los padres fundadores de los Estados Unidos la hicieron suya y eso en buena parte explica el porqué de la estabilidad política reinante en esa nación después de más de doscientos años de fundada. Ni golpes de estado ni dictadores.

 

Derecho

¿Qué es el derecho?

Hay derechos que se tienen y no se conceden porque son inherentes a la persona humana. Estos son los llamados “DERECHOS HUMANOS”; nacemos con ellos porque somos personas. El Estado no nos hace el favor de concedérnoslos, solo los reconoce.

Hay otros derechos que surgen de nuestra vida en sociedad y de nuestras relaciones humanas, son derechos que contratamos o que nos son concedidos. Estos son llamados “DERECHOS SUBJETIVOS o DERECHOS ADQUIRIDOS”.

Cualquiera que sea el tipo de derecho del que hablemos, el derecho es un interés jurídicamente protegido que necesita del Estado y su fuerza coercitiva y es en este aspecto, donde se funden derecho y Estado, que nos interesa determinar hasta qué punto el Estado como autoridad puede limitar la libertad del individuo. Si la balanza favorece a la autoridad en detrimento del derecho individual, estamos en presencia de un régimen que si aún no es dictatorial, va camino de serlo.

Los derechos de las personas no son catalogables, como es usual que se haga en los países llamados socialistas, donde se da preferencia a la seguridad social, la salud y la educación, lo cual no  estaría mal sino fuera porque a cambio de la satisfacción de estos derechos se niegan los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, por citar algunos, como si estos últimos no fueran en todo caso más importantes porque son ellos los que garantizan el logro de los otros de manera más justa.

En cuanto a los derechos defendidos por los socialistas, su ejercicio depende de cuánto se pueda lograr expropiar mediante impuestos y gravámenes a productores y consumidores por igual, dando como resultado que en lo que unos se benefician, algo más del 10% de la población mundial, (767 millones), es pobre en extremo según último informe del Banco Mundial, otros, la mayor parte, casi el 90%, son perjudicados en su patrimonio en esta cruzada totalitaria contra los derechos individuales.

Este perjuicio al patrimonio, dada la previa conculcación de los derechos económicos, civiles y políticos, no es reclamable ante la autoridad representada por el gobierno, que se erige de esta forma en juez y verdugo al decidir a quién quitar y a quien favorecer basado en criterios arbitrarios.

La Autoridad

A los reyes despóticos, caudillos salvadores o cualquier tipo de tiranía, de poco les vale  conservar  para si toda la autoridad, porque esta será siempre cuestionada por los gobernados y ese cuestionamiento genera desestabilización y un círculo vicioso donde a más debilidad de la autoridad gobernante, más pérdida de derechos de los gobernados.

La comodidad aparente de detentar toda la autoridad sin compartirla, lejos de fortalecer el gobierno, lo debilita; la simulación, las traiciones y la falta de espíritu de cooperación  minan a toda empresa basada en decisiones unipersonales o partidistas.

La autoridad de esta manera no es efectiva porque se hace arbitraria e injusta. No alcanza a todos por igual al establecer diferencias entre categorías de ciudadanos y donde debió imperar la ley y el derecho, impera la voluntad de un único poder.

En el caso de Cuba, el poder autocrático se ha debilitado por sus propias deficiencias. Al conculcar derechos ciudadanos la autoridad del gobernante se hace más vulnerable, porque no existen referencias naturales del sentir de los gobernados. Una concentración popular, una marcha o un desfile militar brillantemente organizado suelen tener un efecto teatral pero no político, todo queda en una ilusión de unidad, disciplina y fortaleza, pero nada de eso es real.

Visto como un esquema teórico simple, las democracias se deben caracterizar por el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías, que no necesariamente lo seguirán  siendo por siempre, de ahí que la alternancia en el poder de las distintas fuerzas sociales y políticas sea un factor de equilibrio que  beneficia la aceptación por los ahora menos, de las decisiones tomadas por los más.

Este proceso es lo que garantiza la paz en los países democráticos, cuando los que disienten de la gestión del gobierno no son considerados criminales sino ciudadanos que piensan diferente bajo leyes que no los categorizan según sus preferencias políticas.

La autoridad debe estar basada en la aplicación justa de leyes justas, no en la interpretación arbitraria de estas o más allá, en su desconocimiento y sustitución por decisiones unipersonales o sectarias.

Cuando la Constitución cubana establece por mandato casi divino una sola visión de la sociedad, basada por demás en un experimento importado y fallido, está negando el avance natural de todo el país hacia otras formas de organizarse que podrían ser más provechosas, pero nunca lo sabremos, porque el ejercicio de la autoridad coarta dogmáticamente cualquier intención de cambio.

Es función de la autoridad permitir el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, a manifestarse en público o en privado, a reunirse y asociarse con personas afines, a presentar demandas ante las autoridades y en general a participar en la vida social y política del país sin ser considerado un apátrida, un traidor o un delincuente. De hecho, los reclamos de los cubanos perseguidos hoy por sus ideas, son los mismos que planteara Fidel Castro en su alegato -“La historia me absolverá”-, durante el juicio seguido por el asalto a los cuarteles “Guillermón Moncada” de Santiago de Cuba y “Carlos Manuel de Céspedes” de Bayamo, ni más ni menos.

Tripartición de los poderes del Estado, reinstauración de la Constitución de la República de 1940, libertad de palabra y de prensa, elecciones democráticas, garantías constitucionales, pluripartidismo, tierras en propiedad para los que la trabajan, respeto a la propiedad privada y a la diversidad de opiniones políticas, viviendas decorosas que sustituyan las aún infernales cuarterías y los miserables bohíos de nuestros campos que requieren ser levantados cada vez que sopla un viento platanero, cese de los gastos en ejercicios y desfiles militares dirigidos a amedrentar al pueblo, etc.

“El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo; he ahí concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política. Quizás luzca fría y teórica esta exposición si no se conoce la espantosa tragedia que está viviendo el país en estos seis órdenes, sumada a la más humillante opresión política.” Fidel Castro: La Historia Me Absolverá.

La participación de los gobernados en la vida económica del país también se ve limitada con leyes discriminatorias que desestimulan la capacidad creadora de los cubanos, obligándolos a ser pobres y dependientes de la tutela del Estado por toda la eternidad.

La autoridad ejercida por el Estado sofoca el emprendimiento mientras solo en apariencias procura el desarrollo. La manera despótica en que el Estado cubano maneja los asuntos públicos, en tanto  impide cualquier actividad independiente de los individuos, ha dado pie al desarrollo de una cultura de rebaño donde los ciudadanos-ovejas esperan pacientes por el buen juicio del gobernante-pastor para acceder a salud pública, educación  y seguridad social, es decir,  sombra, agua y pasto.

El gobierno como autoridad, se debe al pueblo y no a la inversa. La autoridad debe rendir cuentas de su gestión a la vez que hace el mejor uso posible de los recursos puestos en sus manos por el pueblo trabajador. Lógicamente, a más estado de derecho mayor participación ciudadana y menos intromisión de las autoridades en la vida privada de los miembros de la comunidad.

De ello se sacan importantes conclusiones. No por grande un gobierno es más eficiente, tal vez sea lo contrario. El ejercicio de la autoridad no siempre trae consigo paz, orden y bienestar, en buena medida estos se logran mejor donde menos se nota la actuación del gobierno con sus  impuestos, regulaciones a la libre empresa y otorgamiento de beneficios sociales que generalmente son muy costosos, en no pocas ocasiones innecesarios y casi siempre injustos, esto último es una paradoja, pues precisamente el principal objetivo manifiesto de los gobiernos intervencionistas es la justicia social que, haciendo uso de su autoridad, pretenden imponer según el criterio de un grupo de iluminados dotados de una inteligencia y honradez rayana en la divinidad. Estos elegidos fundan sus cálculos tanto en sus propias dotes de planificadores, como en la naturaleza desinteresada y solidaria de seres humanos idílicos.

Como es de esperar, muy temprano los planificadores se dan cuenta que ni ellos son infalibles ni la raza humana ha alcanzado el nivel actual de desarrollo gracias a una natural inclinación a vivir en la pobreza mientras entrega los bienes propios a las autoridades para que les dé el uso que mejor entiendan.

Conclusiones

Cuando el Estado en el ejercicio de la autoridad, limita hasta aniquilar el derecho de los ciudadanos a disponer de sus vidas y bienes como mejor les convenga, se provoca una reacción que puede asumir diversas características y grados de tensión social. Desde revoluciones, revueltas populares, huelgas, protestas cívicas en las calles, hasta apatía, desinterés en los asuntos públicos o manifestaciones sencillamente antisociales.

Los derechos no otorgados por la autoridad pero que deben ser respetados y protegidos por esta, son los derechos naturales con que nace toda persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no constituye un documento vinculante para los Estados, puede servir de patrón con el que se mide el comportamiento de la autoridad frente al derecho de los individuos, algo que podría verse como una incongruencia si consideramos que la autoridad representa la salvaguardia de todos los derechos.

Dondequiera que nuestros derechos se vean limitados por algo más que no sea el derecho de los otros iguales, significa que la autoridad, esto es, el Estado o gobierno, se ha inmiscuido en la relación en su propio provecho, protegiendo los intereses de partidos políticos o grupos de poder situados por encima de los ciudadanos.

No es casual que los países donde más se respetan los derechos individuales de las personas, proclamados y amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos y económicos, son los más prósperos y donde menos se producen conflictos sociales.

“Tenemos derecho a la libertad de expresión; somos libres de buscar y recibir información y decir, escribir y publicar cualquier opinión que tengamos, por cualquier medio de difusión. Tenemos derecho a asociarnos con quienes deseemos y a reunirnos pacíficamente. Tenemos derecho a criticar al gobierno. Tenemos derecho a movernos dentro del territorio nacional y a salir del país y entrar libremente. Tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes mediante el voto libre y secreto. Tenemos derecho a un proceso penal justo si se nos acusa de algún delito. Tenemos derecho a desarrollar nuestras ideas, ganar dinero y comprar bienes que no nos pueden ser arrebatados. Ningún gobierno tiene el derecho de reprimirnos, encarcelarnos, golpearnos o crearnos miedo. Somos seres humanos libres y dignos, con sueños, aspiraciones y derecho a la felicidad. (Derechos recogidos en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, de los  que Cuba es signataria)

En los regímenes de carácter totalitario como la antigua Unión Soviética o Cuba, no encontramos la prosperidad económica por ninguna parte, y aunque en apariencias bajo estos sistemas no se producen conflictos sociales, estos en realidad subyacen ocultos y en extremo violentos, por lo que es la autoridad mediante los órganos represivos o coactivos, la que se encarga de sofocar cualquier intento de cambiar el estado de cosas existente.

Si el Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico y Social que se pretende construir en Cuba está pendiente, es por una parte porque hay un grupo de “compañeros” encargados de su elaboración y posterior presentación. Siempre las decisiones quedan en manos de un grupo de “compañeros” que se suponen sean honestos y capaces, pero en la práctica se ha demostrado que  no siempre son tan honestos y su capacidad dista mucho de ser la requerida dadas las exigencias del asunto en cuestión.

Por otra parte, aún cuando estos señores fueran todo lo honestos y capaces que es de desear, la tarea los sobrepasa porque no se puede prever desde una oficina cuales van a ser las necesidades, el nivel de ofertas o demandas ni los recursos disponibles dentro de, digamos, no ya cinco o diez años, sino ni siquiera dentro de un año o pasado mañana incluso.

Es imposible en la realidad que la autoridad planifique cada detalle de la vida de once millones de personas, desde como visten o se alimentan, hasta que leen o piensan. Si no fuera tan dramático, podríamos estar haciendo  bromas sobre el asunto por años, pero la privación de derechos que conlleva el abuso de la autoridad obliga a pronunciarse en contra del gobierno otorgue beneficios, que cobra con la libertad que arrebata.

 

Fuentes:

Luzárraga, Alberto; El Estado de derecho, Democracia, Alianza democrática cubana, Año I, Volumen III.

Seldon, Arthur; Capitalismo, Unión Editorial 1994.

Castro, Fidel; La Historia me absolverá, 1953.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos y económicos.

Constitución de la República de Cuba.

Código Penal de la República de Cuba.

Ley No. 88 de Protección de la independencia nacional y la economía de Cuba.

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Abogado y periodista independiente, miembro de la Corriente Agramontista de Abogados Independientes. Director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas Libertad y Desarrollo. Escribe para el Diario de Cuba. Participó como candidato a delegados (concejales) en las elecciones municipales del Poder Popular en el 2015.

puchochaviano@hotmail.com

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