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Doble moral penitenciaria del gobierno cubano

Desde inicios de la nombrada “Revolución cubana” las autoridades gubernamentales han implementado una serie de medidas encaminadas a frenar cualquier tipo de oposición interna. Una de las más significativas es la relacionada con el sistema penitenciario.  Mecanismos oscuros buscan llevar a prisión a líderes y activistas pro derechos humanos, aparentando ante la opinión pública internacional que en Cuba no hay presos políticos, pues los mismos son enjuiciados por supuestos delitos comunes, fabricados por la policía política, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los tribunales y la fiscalía.

El más común de todos resulta el de “contravención de multas” por los supuestos delitos de desorden público, cuando los activistas en marchas pacíficas protestan contra la difícil situación económica imperante y las injusticias y desatenciones a que a diario es sometida la población por parte de funcionarios estatales y por afear, según las autoridades, el orden público con acciones como el lanzamiento de octavillas y la escritura de grafitis en calles, aceras y paredes. El monto de las mismas oscila entre los 30 y 3000 pesos en moneda nacional, las que llegan a acumularse de tal manera que algunos activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), sobre todo en Santiago de Cuba, sobrepasan el importe de los 20 000 pesos por este injusto concepto. Luego de ser estos casos expedientados por los tribunales y la fiscalía, los activistas son llevados a prisión por delitos comunes con penas que marcan un rango entre los 8 meses y los 5 años de privación de libertad.

Otro de los instrumentos “legales” utilizados es la figura delictiva nombrada “peligrosidad social”, la que comprende penas de 3 a 4 años de internamiento penitenciario. Tampoco queda a la zaga el mecanismo de provocación, mediante el cual los opositores son luego acusados de “desacato” o “atentado contra las autoridades” dentro de las unidades policiales, en las cuales no existe la posibilidad de contar con testigos civiles ni abogados competentes, pues estos últimos son también oficialistas.

En un sistema totalitario como el cubano, donde todos los poderes están concentrados en una persona, resulta fácil en extremo crear delitos a disidentes y opositores, de ahí nuestro llamado a la opinión pública internacional para que se continúe denunciando ante el mundo tanto la existencia de presos políticos como las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de este archipiélago contra su población civil que lucha por el  regreso de la democracia a Cuba y con ello, por la restitución de los derechos y libertades usurpados a nuestro pueblo.

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Joven activista y miembro del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). Ha recibido capacitaciones en redacción de noticias y estándares internacionales. Ha participado de los talleres del Proyecto “Cuba Tweets Joven”, siendo una de las tuiteras más destacadas de este proyecto.

drasanli1990@gmail.com

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